Publicado el 27/06/2025 por Administrador
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El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válida la histórica elección judicial del pasado 1 de junio en México, en la que por primera vez la ciudadanía votó para elegir a jueces y magistrados federales. Sin embargo, el proceso concluyó con un número significativo de vacantes: 46 cargos fueron anulados por incumplir con los requisitos académicos exigidos por la Constitución.
Durante la sesión especial del Consejo General del INE, se evaluaron más de 840 expedientes de candidatos que habían sido electos por votación directa. El balance final arrojó 438 magistrados y 363 jueces ratificados, mientras que 46 postulaciones fueron descartadas por no alcanzar los promedios académicos mínimos establecidos en las reglas del proceso.
Entre los casos excluidos figuran aspirantes con promedios inferiores a ocho en la licenciatura de derecho, así como otros que no superaron el mínimo de nueve en materias específicas clave para ejercer el cargo. Llamó particularmente la atención el caso de un candidato que resultó ganador estando en prisión preventiva, lo cual también motivó su descalificación.
Los nuevos funcionarios que sí cumplieron con todos los requisitos recibirán su constancia de mayoría el 3 de julio, y asumirán sus funciones a partir del mes de septiembre. Mientras tanto, el INE deberá determinar en las próximas semanas si las plazas vacantes serán ocupadas por los segundos lugares o si se convocará a un nuevo proceso de selección.
Este resultado se da en medio de un clima de controversia que ha rodeado a toda la reforma judicial aprobada en 2024, la cual instauró la elección popular como mecanismo para renovar el poder judicial. Diversas organizaciones civiles y organismos internacionales han cuestionado la legalidad y transparencia del proceso, citando baja participación ciudadana, escasa información pública sobre los candidatos y la filtración de perfiles con antecedentes cuestionables.
Las críticas más severas apuntan a que la votación judicial estuvo dominada por estructuras partidistas. De hecho, los principales triunfos electorales fueron para candidatos impulsados por el bloque oficialista encabezado por Morena, lo que ha encendido las alarmas sobre la futura independencia del sistema de justicia mexicano.
Por otro lado, observadores internacionales han señalado la necesidad de revisar los filtros académicos y éticos que permiten acceder a candidaturas judiciales. En redes sociales y medios de comunicación circularon denuncias de aspirantes vinculados con prácticas ilegales o conductas inapropiadas, lo que ha dañado la imagen de un proceso que se presentó inicialmente como un ejercicio de democratización del poder judicial.
Ahora, con 46 puestos sin ocupar y una reforma aún en fase de adaptación, México enfrenta el desafío de sostener la legitimidad de su nuevo modelo judicial. Mientras tanto, los tribunales deberán funcionar con estructuras incompletas, lo que podría generar retrasos y afectar la impartición de justicia en varios circuitos del país.
La elección judicial marca un antes y un después en la historia democrática del país, pero también deja al descubierto vacíos y tensiones que requerirán ajustes inmediatos si se quiere preservar la confianza ciudadana en una de las instituciones más sensibles del Estado mexicano.
